El fiscal Rodolfo Marcelo Molina pidió que la Cámara Federal de Casación reabra la causa en la que el exsecretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, estaba acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y extorsión.

Cabe señalar que esta investigación fue cerrada por uno de los jueces del tribunal que tenía que juzgarlo, Alejandro Esmoris. La misma fue declarada nula con el argumento de que se había demostrado la falta de imparcialidad de parte del magistrado federal de Quilmes, Luis Armella, quien fue acusado de haber armado junto a funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno de María Eugenia Vidal.

La Fiscalía solicitó reabrir la causa contra el Pata Medina

Según Esmoris, los funcionarios del PRO reunieron por medios ilegales pruebas contra el gremialista y las presentaron como una denuncia anónima en el juzgado de Armella, a quien eligieron para que llevara el caso porque tenían con él un acuerdo previo para que avanzara contra el excacique sindical.

Como prueba, Esmoris citó comunicaciones de Armella con funcionarios del PRO que se incrementaron en los momentos clave de la causa. Incluso, llamadas entre el juez y Sebastián De Stefano, un hombre cercano a Daniel Angelici que era el jefe de Legales de la AFI. Las comunicaciones son de antes de que se presentara la denuncia, cuando los servicios de inteligencia ya trabajaban -ilegalmente, dice Esmoris- reuniendo pruebas contra Medina.

En diálogo con La Nación, Armella manifestó por aquel entonces que la acusación en su contra era "literatura fantástica" y argumentó que las llamadas fueron para hablar de otras expedientes de su juzgado. "Nosotros teníamos una causa por drogas, un año antes, en la que la AFI tenía intervención formal y cuando se comunicó De Stefano, como director de Legales, fue por esa causa", dijo el juez, que afrontará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. "Gajes del oficio. No va a ser la primera ni la última", respondió.

La decisión de reabrir o no el caso contra Medina quedó ahora en manos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.